Por: Héctor Calderón Hallal
Las grandes expectativas en torno a esta respuesta de la 4 T al principal problema que tiene el país, la inseguridad, han sido sepultadas al transcurrir los meses. El titular Alfonso Durazo, ha dado muestras de un preocupante desconocimiento y falta de dominio del tema
Mucha tinta ha corrido en torno al asunto.
México, país envuelto en la sevicia de los procederes de la llamada delincuencia organizada, eligió en 2018 a un gobierno de signo diferente a los que anteriormente había tenido y este le ofrece al país como solución al problema, un remedio que hasta el momento no ha surtido efectos positivos.
La integración de un cuerpo de carácter civil que colaborase en la estrategia para “serenar al país”, llevada con transversalidad a la población en varios frentes simultáneos: incremento al salario mínimo; abatimiento al desempleo; combate a la pobreza extrema con programas sociales orientados a la alimentación, la educación, la cultura, la vivienda, etc…
Hasta hoy, esta no sólo ha sido una estrategia fallida;….ha sido una estrategia inexistente que no ha terminado de desarrollarse o de instalarse siquiera.
El tiempo ha sido uno de los principales obstáculos; además de las condiciones actuales de la delincuencia internacional, la economía, la tecnología como la información al alcance del crimen organizado y la demanda de narcóticos en el mundo; también la negligencia burocrática de los mandos superiores de este país.
Aquí es propicio hacer un paréntesis.
El camino burocrático aprovechado por los políticos para desarrollar una carrera electoral, le hace mucho daño al manejo que un gobierno le da a algunos temas, como este de la seguridad pública que nos ocupa.
No se privilegia el conocimiento técnico sobre la materia que implica una Secretaría o dependencia administrativa, para poder ser nombrado o encargado de un despacho. La 4 T repite ese mismo esquema, del que tanto se quejó y criticó; a la manera de como lo hicieron el PAN y el PRI pues siendo gobierno.
El caso que nos ocupa: Francisco Alfonso Durazo Montaño, es un Ingeniero Civil egresado de la UNAM y con Doctorado en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, que busca denodadamente la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Sonora, su estado natal.
Este objetivo es el que lo impulsa a seguir promoviendo y defendiendo una historia que se percibe ya, como imposible; que se sostiene sólo soportada por el pretexto de permanecer en el círculo de confianza del Presidente López Obrador, quien define y definirá en lo sucesivo, las candidaturas por su partido a los diferentes cargos; entre estos Sonora, en el año 2021.
Por eso persiste Durazo en la idea de que la Guardia Nacional (GN) es la alternativa más funcional para combatir la delincuencia y la violencia en México. Al final, su objetivo se encuentra a 24 meses. Es él, uno de los miembros del lopezobradorismo se aferra a este proyecto.
Hace unos días dijo que su dependencia necesita 56 mil millones de pesos para poder hacer funcionar la famosa Guardia Nacional. Esto será considerado en el Paquete Económico que este domingo presentará el Ejecutivo a la Cámara de Diputados seguramente.
Lo cierto es que la GN es un proyecto que nació al mismo tiempo que la duda y la especulación.
¿Para qué desaparecer de manera total, radical, a la Policía Federal sin considerar a ni un sólo elemento o factor que representaba ese cuerpo?…¿Por prejuicio?; ¿Por complejo político?; ¿Por qué fue creada e impulsada por los gobiernos de Zedillo, Fox o Calderón?
¿No es al final, lo mismo la GN al desaparecido cuerpo de la Policía Federal?
Es propicio el momento del texto para contestar las interrogantes…no;… no es lo mismo;…la Guardia Nacional es un peor proyecto y está en peores condiciones que la Policía Federal.
Hasta el momento, ni siquiera se ha terminado de parapetar, por decirlo de algún modo, el cuadro más básico de estado de fuerza. Hay un estimado de 12 mil elementos, que operan alternadamente como elementos de la SEDENA o la SEMAR diseminados en seis bases de operaciones (Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Baja California y Puebla) que atienden en estos días con el uniforme oficial de sus instituciones a las que están adscritos a la nómina y que sólo se ponen un gafete vistoso en el brazo con las iniciales GN de Guardia Nacional.
Que acuden a cubrir eventualidades a más de 500 kilómetros de distancia, como ha sucedido en los últimos días en Michoacán y Tamaulipas, por la falta de personal y bases de operación. Eso no es tácticamente funcional.
Que en caso de realizar patrullajes, sus elementos los despliegan en largos y aparatosos convoyes y armados “hasta los dientes”; con ostentación de sus armas largas y de alto poder.
Esas imágenes de ninguna forma corresponden a las de una Guardia de naturaleza civil en ninguna parte del mundo.
Toda Guardia Nacional es una agrupación de respaldo en la búsqueda del orden público. No es una fuerza especializada o de choque.
En Italia, los Carabinnieri, son los elementos especializados, con adiestramiento y armamento de largo alcance. Es un cuerpo selecto y discreto; que entra en operación sólo cuando la Polizia di Stato (que es lo equivalente a la Guardia Nacional mexicana) no alcanza por su naturaleza a sofocar la emergencia de violencia o crimen.
Lo mismo sucede en España con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (Policía Nacional/Mozos de Escuadra); el primero tiene un mando civil, a pesar de que depende en su naturaleza organigramática de las fuerzas armadas españolas. Patrullan y atienden habitualmente desarmados, sin hacer ostentación de armamentos de alto calibre; es evidente el grado de civilidad de la población europea. No ocupan patrullar fuertemente armados.
Igual en Francia con la Gendarmerie (Gendarmería Nacional de Francia) y la Policía Nacional.
En Chile, los Carabineros son lo equivalente a la Policía Preventiva nacional.
Estimaciones de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), establecen que la proporción idónea para la atención del delito en sus dos perspectivas de tratamiento (prevención e investigación), es de 1,000 (mil) habitantes por cada 3 agentes policiales.
El gobierno de la 4 T pretende llegar a tener a mediados de 2020 a 120 mil elementos reclutados y en servicio; elementos de naturaleza civil, en atención a la exigencia de la población mexicana, según se insiste también desde el discurso oficial; esto equivaldría a tener sólo un (1) elemento policial por cada 1,000 (mil ) habitantes. La propuesta podría entrar en el nivel de aceptación del estándar internacional anteriormente señalado, sólo si hubiese otros dos elementos preventivos que acompañen en su tarea a ese elemento de la GN y que provengan de policías preventivas locales (estatales o municipales).
Difícil premisa ante el montón de ruinas en que se han convertido casi la totalidad de estas corporaciones locales,
La GN no es un cuerpo civil, ni legal.
No… La GN no es ni en este momento ni en un futuro cercano, por lo que se distingue de su condición actual.
De nada sirvieron los esfuerzos políticos y desde el plano de la sociedad civil, de que se armara un cuerpo de atención a los delitos que resultara suficiente para que actuara con apego al respeto a los derechos humanos.
La sociedad se manifestó en diversos foros que se llevaron a cabo en universidades y plazas públicas de diferentes capitales estatales durante el lapso de julio a diciembre de 2018, en que sólo siendo un equipo de transición gubernamental, Alfonso Durazo y los suyos se dedicaron a auscultar y a integrar un plan en materia de seguridad.
El Senado, a través de la Comisión de Seguridad presidida por el guerrerense Félix Salgado Macedonio, logró invocar la figura del Parlamento Abierto contemplada en el artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Acuerdo presidencial que se implementó como una medida para “alentar” o catalizar el paso de elementos con adiestramiento a la GN, porque el proceso mediante el que civiles sin adiestramiento, egresados de universidades y preparatorias, según los cálculos optimistas que habrían hecho los grandes estrategas de la 4 T, no estaban solicitando enlistarse a la GN por multitudes, como lo habrían planeado.
Está acreditado que incluso quienes desempeñan las funciones de integrantes de la GN en estos días, no han accedido a realizar su cambio, pues perderán las generosas condiciones de percepción salarial, antigüedad y asentamiento en un lugar de residencia fijo, como está ya asegurado en las condiciones contractuales anteriores a este gobierno. Son derechos laborales ya inamovibles para los miembros de las fuerzas armadas de nuestro país a los que no estarían dispuestos a renunciar para irse a la aventura de integrar una GN cuyas percepciones son muy menores a las de ellos, la movilidad geográfica es muy superior y hasta el riesgo que corren como elementos de la nueva agrupación es mucho más grande que como miembros de las fuerzas tradicionales.
Hasta la humillación de la población tienen que enfrentar en algunas ocasiones, pues la ideología de esta nueva agrupación pasa necesariamente por una intervención que “no agrede a la población”, sea cual fuere la magnitud de las agresiones que el personal reciba.
Hay además una descoordinación (o acaso desinformación) desde el Presidente de la República hasta funcionarios de mando medio (pasando por el Secretario Durazo), sobre el verdadero estado de fuerza de la GN.
Alfonso Durazo habría dicho que hay en las calles por lo menos 58 mil elementos de la GN patrullando. Pero se ha revelado que no llega ni a 12 mil elementos los que se han incorporado legalmente al cuerpo de seguridad y que, por cierto, operan de manera ilegal: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que acota lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, señala que todo agente policial en funciones debe haber acreditado los exámenes de control de confianza en sus diferentes baterías (polígrafo, exámenes toxicológicos, de entorno socio económico, de salud, entre otros) y es el caso que hay aproximadamente 8 mil elementos, de esos 12 mil en funciones actualmente, que no han concluido estos exámenes.
Por lo que son poco más de 3 mil elementos los que trabajan de manera legal, según lo marca la ley vigente. Los demás son policías ilegales.
Y no se ven visos de que miles de mexicanos jóvenes, con perfil adecuado y deseos de servir, acudan en tropel a enlistarse en la GN.
Las condiciones de inseguridad y el descrédito de la función policial en México, alimentado incluso desde el discurso oficial de la 4 T, ya siendo autoridad López Obrador, están siendo los principales obstáculos.
¿Tendremos entonces que aguantar los mexicanos los 2 años que quedan para la definición de la candidatura para el Gobierno de Sonora, en que se podría retirar a buscar el voto el actual mando civil de la GN, para que dejemos de padecer las aventuras de un proyecto que nació muerto, disfuncional como este de la Guardia Nacional?
¿De qué sirvieron las demandas ciudadanas por tener una Guardia de carácter civil?; ¿Para qué sirvió el rico ejercicio de Parlamento Abierto, donde se acordó la naturaleza civil de la GN?
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