El diputado Arturo Huicochea Alanís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Federal de Derecho de Autor, en materia de audiovisuales.

El legislador señaló que la vida pública es amalgama de asuntos de interés general de la sociedad, los sucesos de la economía, los acontecimientos de la cultura y, por supuesto, los fenómenos de la política son hoy en día cada vez más visibles a todas las personas.

Más y más visibles cada vez, sobre todo por el ancho o estrecho espectro de las pantallas.
La vida, pues, la vida que nos interesa, la de la sociedad transcurre a través de las pantallas, por eso la relevancia y la importancia de los contenidos.

La industria audiovisual mexicana la integran 48 empresas asociadas en la Asociación Mexicana de Filmadoras. Esa industria tiene un valor, tiene un alto valor de 3 mil 381 millones de pesos. Genera, por ahora pocos, aparentemente, 540 empleos fijos, y 100 mil indirectos. Es muy interesante porque el valor de los sueldos, el sueldo mínimo es de 2000 pesos por trabajo al día.

El impacto de la industria abarca perfiles de muy amplio espectro, desde las personas con la más alta calificación, hasta un sinnúmero de oficios como los fotógrafos, los carpinteros, los arreglistas, etcétera.

No obstante, ese sector de la economía, hoy se encuentran en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, porque la Ley Federal del Derecho de Autor no prevé una descripción normativa de lo que debe entenderse como producción audiovisual.

Dicha omisión le impide hacer valer plenamente sus derechos a estas empresas, grandes corporativos y anunciantes pagan con demora a estas casas productoras, incluso 280 días después de entregado el producto.

Como consecuencia pequeñas casas filmadoras financian a grandes corporativos; los llamados freelance, las personas que trabajan, profesionistas de manera individual terminan financiando a los anunciantes, que todos conocemos.

El 100 % de la carga financiera, es decir los intereses, el factoraje, las líneas de crédito lo financian, lo pagan las casas productoras, y no las marcas poderosas que todos nosotros conocemos, que son las que se anuncian.

Así pues, hay una suma de fenómenos a resolver: incertidumbre, sobrecostos, utilidades reducidas, riesgos de quiebra, de afectaciones a la economía familiar, pues el 80 % de las empresas que se constituyen desaparecen en el corto plazo.

Este es un escenario único en México, esta industria está altamente protegida en países donde estas empresas también compiten, América Latina tiene una sólida legislación al respecto; no se diga Europa o los Estados Unidos.

Por eso, en un primer paso, que no el único, pero uno primero por urgente proponemos establecer la naturaleza jurídica de los alcances de la producción audiovisual y los contratos nominados relacionados con la misma.

Lo que se busca con dicha iniciativa es dar certidumbre jurídica a personas físicas y morales dedicadas a la producción audiovisual, regular la producción audiovisual con visión de mediano y largo plazos, contribuir a dar viabilidad a una industria que realice una importante aportación de la economía nacional y que tiene un fuerte impacto social, pero sobre todo, y quizás más importante, al hacerlo protegeremos, promoveremos, impulsaremos la producción audiovisual, que al final es también una expresión de libertad.