Héctor Calderón Hallal

Hoy que en México la agenda informativa es materialmente “arrebatada” por el “Culiacanazo 2.0” y otras lindezas como la desaparición de tres periodistas en Guerrero, es decir, por temas alusivos a la violencia extrema en este país, ha quedado poco espacio para ponderar la importancia de los acuerdos que se asuman durante la visita de los dos mandatarios de nuestros socios de América del Norte.

Durante la Cumbre de América del Norte, también reconocida ya coloquialmente como la ‘Reunión de los Three Amigous’ o ‘Los Tres Compadres’, en alusión a aquella gran producción animada de los estudios Disney de a mediados del siglo XX, se arribará a notables decisiones que habrán de delinear el derrotero de la relación trilateral entre los países que integran el T-MEC pero, sobre todo, que marcarán las condiciones en las que nuestro país, habrá de asentar su crecimiento económico.

De entre estas muy posibles decisiones –que debieran ser trilaterales pero no lo son-, destaca una per se, sumamente alarmante.

La nueva política migratoria de la administración Biden, pretende que, debido a que su plan original no le fue aprobado en el paquete presentado desde el inicio del 2021 por el Congreso de los Estados Unidos, ahora tendrá que endurecer sus pretensiones y a México le ha obligado, en el lenguaje de los convencionalismos diplomáticos, a aceptar la expulsión de al menos 30 mil individuos de origen cubano, venezolano, nicaragüense o haitiano, a quienes deberá alojar en territorio nacional, específicamente en las principales ciudades de la franja fronteriza, lo cual representa una auténtica “bomba de carácter financiero, social y de seguridad pública” para los ayuntamientos y los gobiernos estatales de las entidades en que se ubican las ciudades receptoras; hasta la gobernabilidad se pondrá en riesgo en poco tiempo con el arribo de tanta gente desesperada, con problemas de salud, física y mental, ansiosa por cumplir su plan de ingresar a territorio estadounidense porque viene amenazada o perseguida desde sus países de origen.

Circunstancia que el Gobierno de Estados Unidos debe en todo caso ponderar y, aparejadamente a la propuesta de expulsión de contingentes de estas dimensiones, ofrecer una partida financiera para que nuestras ciudades puedan amortizar el costo de semejante envergadura en los rubros de: alimentación, alojamiento, salud pública, salud psicológica, higiene comunitaria, seguridad pública, empleo (temporal o permanente), vestuario, costo de administración del programa, entre otros.

Resulta asombroso que muy escasas figuras políticas de México hayan reparado en el tema hasta hoy; el único partido que ha puesto el “dedo en la llaga” ha sido el PAN y algunos de sus más mordaces y álgidos luchadores ideológicos. Es el caso de Marko Cortés, su presidente; del diputado Jorge Romero Herrera, coordinador parlamentario en San Lázaro y de la que quizá es la más valiente y puntual defensora del tema migratorio –no sólo de entre los legisladores del PAN, sino de todo los partidos hasta hoy- en su condición de diputada migrante y secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios: la diputada Nora Oranday Aguirre.

La diputada migrante Oranday, de origen coahuilense aunque residente de Chicago, Illinois, ha dirigido una valiente y puntual carta a los presidentes de los Estados Unidos de América y de los Estados Unidos Mexicanos, a quienes ha dado una cátedra de responsabilidad en el tema de legislar con prudencia y objetividad, privilegiando el aspecto humano en todo momento pero sobre todo, anteponiendo la racionalidad y la congruencia con la situación que vive el mundo y la población mundial.

La diputada Nora Oranday le dijo, al Presidente de la Unión Americana en su texto, que por cierto envió –incluso- con las formalidades del caso al vetusto inmueble de la avenida Pennsylvania, en la capital americana, que:

“En mi calidad de representante de comunidades migrantes, me opongo como tal a la intolerancia de la Corte Suprema, de prolongar la vigencia del llamado ‘Título 42’, supuestamente en aras de la salud pandémica, en donde se estipula que, todo aquel solicitante de amnistía proveniente de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, que no cumpla con los requerimientos para hacer un procedimiento de solicitud integral (legal) será deportado a México, en contingentes de hasta 30 mil individuos al mes. Pero debe usted tener en cuenta, que esa propuesta por sí sola será una “bomba” social, económica, financiera y política, que afectará la gobernabilidad de las ciudades fronterizas mexicanas y estadounidenses. Exigimos que, si el Gobierno mexicano acepta su propuesta, el Gobierno de los Estados Unidos aporte un presupuesto financiero notable para atender la supervivencia de esas personas en medio de la desesperación y la pobreza extrema en la que se encontrarán esperando ser aceptados por su Gobierno y por la sociedad americana.

Los gobiernos locales de las principales ciudades con pasos migratorios en territorio mexicano sufrirán las funestas consecuencias si su gobierno no realiza las aportaciones financieras para atender esta emergencia que se generará”.

Y para el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también tuvo Oranday Aguirre:

“En reiteradas ocasiones, usted ha calificado a los presidentes de los países expulsores de migrantes como los mejores mandatarios de Latinoamérica, no obstante, le solicito que en congruencia con sus afirmaciones, haga un llamado a Nicolás Maduro; Daniel Ortega; al mandatario actual de Haití; a Nayib Bukele y Miguel Díaz-Canel, entre otros, a garantizar una vida digna en sus propios países y a asumir un compromiso responsable sobre la problemática que ellos mismos están generando en los países vecinos…”

“Somos partidarios de la solidaridad humana, pero exigimos que se respete la soberanía del país y también, exigimos que la propuesta estadounidense vaya unida a una estrategia de cooperación económica y financiera que le permita al Gobierno de México y a los gobiernos estatales y municipales de las ciudades fronterizas, poder sufragar los gastos necesarios para llevar a buen puerto la delicada situación migratoria que atraviesa nuestro país y el de los Estados Unidos de América, fundamentalmente”.

Se tenía que decir … y se dijo.

Con el suficiente valor y puntualidad como hasta hoy solo lo ha hecho la diputada panista Nora Oranday.

Autor: Héctor Calderón Hallal

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