Héctor Calderón Hallal

En un país como el nuestro, cuyas esperanzas yacen bajo los escombros de la negligencia gubernamental, de la asociación delictuosa entre gobernantes y criminales y que definitivamente no tiene paz ni sosiego, mucho se agradece que haya por lo menos un gobierno estatal, que interprete y se comunique con su ciudadanía, con la asertividad mínima necesaria para afrontar funcional y eficazmente un problema tan desafiante y complejo como lo es la inseguridad pública.
Digámoslo de una vez: en el Estado de México, no obstante cambió recientemente de signo electoral y de algún modo fue, por mucho tiempo, entidad paradigmática de las “buenas formas de conducción priísta, institucional y modernizadora”, hoy, con un gobierno morenista en el Poder Ejecutivo Estatal, está mostrando a pasos agigantados, que cuando hay talento y preparación suficientes en un funcionario, sea del signo ideológico o electoral que sea, los resultados se sobreponen a cualquier fobia o descalificación surgida al amparo de la lucha electoral.
Es el caso del Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, quien se desempeña en el delicado cargo desde aproximadamente un año antes de la llegada al poder de Morena y su abanderada, la actual mandataria Delfina Gómez.
Cervantes Martínez, quien por cierto es hijo de quien fuera General Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce, el General Secretario Enrique Cervantes Aguirre, ha mostrado la seriedad y el profesionalismo mínimos necesario para el cargo… y los arreos que se ocupan también para enfrentar el problema de forma coyuntural, íntegra y eficazmente, ante la amenaza del flagelo que vive el país en su conjunto y, particularmente la entidad mexiquense en estos precisos momentos.
Para enfrentar al crimen hoy día, en una entidad tan compleja como el Edomex y, estando adscrito a un gobierno distinto al de sus orígenes, se requiere algo más que valor y empatía para coordinarse con el resto de autoridades y funcionarios… hace falta ser lo suficientemente asertivo para interpretar la amenaza y percibirla… calcularla, en su justa dimensión.
Se es asertivo a nivel individual o institucional, cuando se comunica con los demás de forma oportuna, por la vía adecuada y sin negar o subestimar sus derechos. Para ello hay que usar un lenguaje claro, directo, concreto, correcto, coherente, transparente y respetuoso de el o los receptores.
Así, desde el 10 de marzo de 2022 en que asumió el cargo en el Pleno del Congreso del Estado de México, José Luis Cervantes habló de la necesidad de enfrentar el flagelo de la criminalidad bajo esquemas alternativos surgidos en base a la creatividad estratégico-jurídica recogida del clamor popular, que sancionásen conductas colaterales a los hechos que tradicionalmente son reprochables por la actual legislación y que, no obstante en algunos casos, son los que objetivamente resultan más lesivos a la sociedad pero que, dada la tipificación clásica en la legislación mexicana –y de cada entidad- son fácilmente atacables por las estrategias de defensa jurídica de la delincuencia organizada.
Es el caso de por ejemplo, la reforma y adicion al Código Penal del Estado de México, del artículo 199 Bis a su capítulo “Primero: Delitos Contra el Consumo” y que surte efectos lógicamente también al “Subtítulo Tercero: Delitos Contra la Economía”, presentada en iniciativa por el propio Fiscal Cervantes Martínez, desde el pasado septiembre del 2022, justamente unos meses después de asumir el cargo.
Con esta reforma legal, se encuentra una estrategia legal donde el Representante del Ministrio Público, tiene varias vías para aplicar la pretensión punitiva a la delincudencia organizada: es decir, si se le “zafa el delincuente argumentando lo típico que es, deficiente integración de la carpeta de investigación, por errores en la cadena de detención o durante compilación de evidencias, pruebas o indicios… pues la dependencia “autónoma al Poder Ejecutivo” lo atora por
la coacción que ejerce en agravio de personas o unidades económicas, para obligarlos a vender o adquirir bienes, insumos o servicios en determinados puntos, así como imponer precios por encima del mercado.
Muy lógico y sobre todo, muy creativo.
Y es que a los mexiquenses, todos los actos de extorsión, particularmente los llamados “cobros de piso” a pequeños comerciantes ya los tienen hastiados… “hasta el copete” materialmente sea dicho. Pueblo de comerciantes ese del Estado de México, se ha venido viendo afectado en uno de sus actos públicos y de naturaleza económica más importantes como lo es el comercio en la vía pública y a detalle o al menudeo.
Por eso la determinación de dar golpes espectaculares a extorsionadores en el Edomex, es digno de celebrarse.
Un aproximado de 800 millones de pesos fueron resguardados de caer en manos de las bandas de extorsionadores de comerciantes de pollo y huevo en días pasados y originarios en su mayoría del vecino estado de Michoacán, por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Y en general, gracias a las acciones de profesionalización y lucha contra la corrupción interna, se advierte también una sensible baja en la incidencia de la comisión del delito de Extorsión con respecto al año 2022, por el orden del 3.44 por ciento… Cifra encomiable y sobre todo muy moral, con respecto a los resultados de efectividad de la Fiscalía General de la República a lo largo del actual sexenio… o en general de las fiscalías del resto de los estados.
Porque hay que ser equilibrados.
El periodismo como profesión lo agradece…al igual que los lectores.
En este caso, así como hemos criticado las garrafales fallas que el actual Gobierno Federal encabezado por Morena y por el Presidente López Obrador han mostrado… hoy debemos reconocer, en honor a la verdad, el desempeño que hasta el momento muestra el Fiscal del Estado de México, José Luis Martínez Cervantes.

Autor: Héctor Calderón Hallal
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