El Senado de la República declaró constitucional la Ley 3 de 3 que impide a violentadores sexuales, violencia en cualquiera de sus modalidades y deudores alimentarios sean candidatos a puestos de elección popular o designados para un cargo en el servicio público.
La reforma aplica para los poderes judiciales y las fiscalías.
La ley fue enviada al Diario Oficial para su publicación.
